El derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales es un derecho fundamental. Que un profesor pueda, dentro de las instalaciones del centro escolar, retirar el teléfono móvil a un alumno/a y visionar su contenido, es algo discutible y desde luego muy delicado. En caso de tener constancia de que el terminal móvil ha sido utilizado para cometer una falta de algún tipo, lo recomendable es retirarlo en presencia de otros profesores y apagarlo delante de ellos. Después deberá notificarse a los padres del alumno/a y demandar su presencia para que autoricen el visionado del contenido: las imágenes que hayan podido ser grabadas, o el contenido de un mensaje en el que se amenaza a alguien, por ejemplo. En caso de que no se obtenga el consentimiento de los padres, se puede acudir directamente al Ministerio Fiscal.
Es importante partir de que el menor puede tener en su terminal imágenes e información personal suyas… o de sus padres… De alguna forma debe garantizarse que toda esa información no ha sido volcada en otro dispositivo.
No obstante, una reciente sentencia de la Audiencia Nacional acaba de respaldar la decisión del director de un colegio de Madrid, que accedió al contenido de un móvil retirado sin la autorización de los padres del alumno.
El caso es el siguiente: una alumna se queja de que un compañero de 12 años de edad le ha mostrado vídeos de contenido pornográfico. El Director le confisca el terminal, y con ayuda del técnico informático del centro comprueba la existencia de los vídeos y la versión de la niña. Se abre expediente sancionador al niño responsable. Como consecuencia, el padre del menor denuncia al centro por violación del derecho a la intimidad, privacidad y secreto de las comunicaciones. Lo hace en un juzgado de Madrid y también ante la Agencia Española de Protección de Datos.
La Audiencia Nacional considera que: “el derecho a la protección de datos no es ilimitado sino que, como cualquier otro, puede quedar constreñido por la presencia de otros derechos en conflicto”. Se señala también que en principio se debió haber contado con la autorización de los padres, ya que se trata de un menor, pero lo justifica señalando que: “se ha de conjugar el contexto real en el que se produjo, esto es, en el marco de una acción disciplinaria iniciada tras la comunicación de una niña que expresó sentirse violentada por los archivos audiovisuales que le fueron exhibidos por el hijo del recurrente y, por ende, en protección de los derechos de esa misma niña o de otros menores alumnos del mismo centro”.
Se trata de una sentencia polémica, pero que ha dejado clara la posición de la Audiencia Nacional y sienta jurisprudencia ante futuros casos. No sabemos cómo procederá ahora la familia, ya que puede producirse el recurso ante el Tribunal Supremo.
Seguiremos de cerca este caso. Es muy importante saber cómo concluye.
Tema complicado y que además puede convertirse en un grave problema. ¿No sería equivalente a leer una nota que se pasan dos alumnos a escondidas del profesor? ¿Ata las manos a profesores y directores de centros?
Creo que utilizar el sentido común sería lo más sensato, pero algunos padres siguen pensando que su labor es enfrentarse con el profesorado…
Muchas gracias, José Luis. Coincido plenamente en que el sentido común podría terminar satisfactoriamente con la mayoría de estas situaciones si se aplicara. Y también creo que hemos pasado de un respaldo absoluto al profesor por parte de los padres, a la tendencia actual de someter a juicio cada una de sus decisiones. Aunque en este tema en concreto es necesario sopesar bien las opciones. El problema de los terminales móviles es que pueden contener mucha información privada, tanto en datos como en imágenes, del menor de edad y/o de su propia familia. Mucha más información que una nota en clase, claro. Lo que echo de menos es saber si los padres recriminaron también a su hijo por lo que había hecho, o si por el contrario lo único que hicieron fue reforzar su conducta. En fin ¡buen tema para el debate!
Cierto. Hay pequeños matices en un sentido u otro que hacen que el tema sea complicado. Pero también es preocupante que judicialicemos todo lo que ocurre. ¿Dónde empieza y termina mi libertad?
Me parece que el problema radica en la falta de educación tecnológica. Hay cosas que no deberían estar en el móvil y si están un chaval de 12 años no debería mostrárselas a una chica de la misma edad, pero nos hemos acostumbrado a que en internet, en los móviles todo vale. Se comparte lo que no se debe, se fotografía, se etiqueta y no medimos las consecuencias. Mucho debate por delante.
no estaría mal que los padres que denunciaron fueran igualmente combatidos por contravenir la función protectora de las autoridades educativas.
Si un cuchillo es peligroso, un vídeo porno puede agredir la personalidad de un menor en clase, al cual hay que protegerlo. No se trata de “cotillear” un móvil, se trata de ante una denuncia de un menor, verificar, antes de que las pruebas se eliminen, el contenido. ¿Quien tiene prioridad? ¿El niño que vulnera los derechos de la menor? ¿O la víctima?. Aveces es cuestión de segundos defender los derechos y proteger a las víctimas, las circunstancias condicionan los hechos. Me ha pasado con porros, que pasaban a los otros niños.
Muchas gracias por tu comentario Silvia. Creo que coincido contigo plenamente en la cuestión de fondo. Aquí hay una niña que se ha sentido violentada y es necesario actuar, y rápido. En la forma de afrontar el problema creo que se puede evitar la “destrucción de pruebas” requisando el terminal móvil. Lo que me preocupa de este tema, entre otras cosas, es la falta generalizada de protocolos claros para actuar en estos casos. Muchos profesores y/o directores se ponen en contacto con nosotros para saber cómo actuar correctamente en circunstancias similares, y piden el asesoramiento de nuestro Departamento Legal antes de tomar después su decisión. Las TIC están dando lugar a situaciones nuevas para las que muchas veces no existen protocolos claros de actuación. Creo que es necesario que trabajemos en esta cuestión.
Quizá el tema se resolvería de una manera mucho más fácil de lo que parece. Simplemente se podría prohibir la entrada de terminales al centro. A pesar de que la palabra prohibir nos parece muy dura, desgraciadamente cuando no impera el sentido común, como es el presente caso, se tiene que utilizar.
Hay ocasiones en que es más importante salvaguardar ciertos derechos que tener que infringir otros. Basta con fijarnos en el tema del tabaco. Existe una prohibición (que algunos continúan eludiendo) que francamente ha despejado la estéril discusión que unos pocos mantenían. Hay que proteger y respetar los derechos de las personas. Si esos padres no lo entienden como lo va a entender su hijo que, de alguna manera, ante la decisión de sus padres ve justificada su acción. Quizá los padres de la niña deberían denunciar a los padres del niño y, tal vez, estos comprendieran algo, aunque lo dudo.
Me temo que tienes razón cuando dices que el niño, ante la decisión adoptada por sus padres, seguramente verá justificada su acción. ¿Qué conclusión sacará ese niño de todo esto? No deja de sorprenderme, por otro lado, la tendencia de algunos a judicializar cualquier conflicto, en lugar de actuar con un objetivo pedagógico… Algo está fallando.
Claro que podría ser una solución, pero a mi me parece que el móvil puede ser una herramienta educativa muy interesante, aunque para eso primero hay que formar.
Usado correctamente el móvil nos proporciona muchísimo valor, podemos buscar información, compartir, aprender…, pero la clave está en el uso que le demos.
Supongamos que un profesor requisa un móvil a un alumno. Supongamos que el móvil tiene un precio en el mercado de 500€. Supongamos que durante el período en el que el móvil está requisado sufre algún accidente. ¿Quién será el responsable? ¿Quién pondrá los 500€ para restituirlo?
Supongamos que la niña ha mentido y en el móvil del niño no hay ningún contenido pornográfico (incluso habiéndolo puede que no haya sido mostrado). ¿Con qué respaldo legal se ha accedido al contenido privado que pudiera haber en el móvil?
Creo que el profesorado no debería asumir responsabilidades que no le corresponden. Si creemos que se ha cometido un delito o se ha vulnerado algún derecho, teniendo en cuenta la indefensión en que nos encontramos en esos casos, llamemos a la policía y que hagan su trabajo, que esa sí es su responsabilidad.
Si los padres tienen que ir a comisaría a recoger a su hijo quizás se interesen más por educarlo para no tener que volver allí.
Quizás sea algo drástico, pero hoy por hoy es lo único que nos puede garantizar no tener problemas legales.